Expertos de la ONU piden a los países ricos que pongan fin a la exportación de plaguicidas prohibidos
La medida llega después de que Unearthed y Public Eye revelaran que las mayores empresas de plaguicidas del mundo ganan miles de millones con la venta de productos químicos peligrosos en los países más pobres.
Tres docenas de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron recientemente a los países ricos que pusieran fin a la «deplorable» práctica de exportar productos químicos y plaguicidas tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para controlar los riesgos».
Una declaración emitida por el ponente especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, reveló que el año pasado al menos 30 países enviaron a América Latina, África y Asia sustancias cuyo uso estaba prohibido en su propio territorio con el fin de proteger la salud humana o el medio ambiente.
Dijo que había puesto de relieve la preocupación por el envío de plaguicidas tóxicos y otros productos químicos prohibidos en informes sobre países exportadores como Alemania, Dinamarca, el Reino Unido y Suiza.
Declaración respaldada por 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Tuncak dijo – en una declaración respaldada por 35 de sus colegas expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU – que las naciones más ricas a menudo crean «dobles estándares» que permiten el comercio y el uso de productos químicos prohibidos en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas.
Añadió también que «no se puede ignorar la naturaleza racial de estas normas», ya que los peligros se «externalizan» a «comunidades de ascendencia africana y otras personas de color». Este desplazamiento de los peligros que plantean los productos químicos tóxicos a las comunidades de color era una «grave preocupación» que también se podía encontrar en los países ricos, con respecto a «la ubicación de industrias contaminantes y el vertido de desechos peligrosos».
«En casi todos los casos no existe una justificación legítima de interés público», continuó Tuncak. «Estas lagunas son una concesión política a la industria, que permite a sus fabricantes de productos químicos beneficiarse de trabajadores y comunidades en el extranjero inevitablemente envenenados, al tiempo que importan productos más baratos a través de las cadenas de suministro mundiales y alimentan pautas de consumo y producción insostenibles. Hace mucho tiempo que los Estados deben detener esta explotación».
Los cinco mayores fabricantes de plaguicidas del mundo obtenían más de un tercio de los ingresos de sus principales productos de la venta de plaguicidas altamente peligroso
El llamamiento se produce después de que una investigación de Unearthed y la ONG suiza Public Eye a principios de este año revelara que los cinco mayores fabricantes de plaguicidas del mundo -todos ellos con sede en Europa o los Estados Unidos- obtenían más de un tercio de los ingresos de sus principales productos de la venta de plaguicidas altamente peligrosos (PAP).
Más de la mitad de sus ingresos procedentes de la venta de PAP procedían de países de ingresos bajos y medios como el Brasil y la India.
En algunos casos, estas grandes empresas agroquímicas pueden producir plaguicidas peligrosos en los países en que se venden. Sin embargo, en muchos otros, se fabrican y exportan desde países europeos en los que su uso está prohibido desde hace mucho tiempo.
Tuncak advirtió que los Estados que exportaban productos químicos prohibidos sin una «fuerte justificación de interés público» estaban violando sus obligaciones en virtud de las normas de derechos humanos, incluidas las relativas al derecho a un medio ambiente sano y a unas condiciones de trabajo seguras. «El hecho de no abordar esta explotación de larga data es una discriminación, pura y simple», añadió.
Entre los otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos que respaldaron la declaración se encontraban David Boyd, ponente especial sobre derechos humanos y medio ambiente, E. Tendayi Achiume, ponente especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, ponente especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, ponente especial sobre el derecho a la alimentación.
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